Derecho a la estupidez

estupidez_humana

El derecho a la ignorancia, o a ser estúpido si se quiere, es la última conquista social pendiente. Bien pensado, es un derecho al que todos nos hemos acogido alguna vez en la vida, pero pocas veces se ha demostrado con tanto ahínco que ser tonto está infravalorado. En tiempo de ajustes, unos opositores se atrevieron a desafiar el statu quo y a proclamar que, por mucho que nos empeñemos, hay algo que no se recorta: nuestra libertad para ignorar lo que exigimos a los niños de 12 años; y está bien si así se quiere, siempre y cuando el que reclame esa libertad no sea el profesor que debe exigir lo que ignora. Por ejemplo, el equivalente en gramos a dos kilogramos y 30 gramos.

Antes de entrar en detalles, déjenme introducir el caso. En noviembre de 2011 la Comunidad de Madrid convocó unas oposiciones para cubrir 489 plazas del Cuerpo de Maestros, cuya prueba de conocimientos no aprobó el 86% de los aspirantes. De los 14.110 aspirantes, pasaron la prueba 1.913, apenas un 13%. Se estima que unas 3.800 personas de la lista fueron contratadas a lo largo del año como interinos a pesar de haber suspendido la prueba, según recoge El País. Hasta aquí, solo sorprende el bajo porcentaje de aprobados, aunque para justificarlo podría suponerse que en estos días de competencia feroz el examen fue tan difícil como entender la teoría de los universos paralelos. Pero no caigan en la tentación.

Entre las pruebas de la oposición, había un examen práctico con preguntas que debe responder un alumno de primaria de 12 años, entre las cuales se encontraban estas: Clasifique los siguientes animales: serpiente, gavilán, caracol, gallina, gato; ¿Qué significado tienen los adjetivos “basta” y “vasta”?; explique el significado de las siguientes palabras: Escrúpulo, Disertación, Extasiar, Pronóstico; completar una tabla de equivalencias (kilos a gramos; horas a minutos), ordenar una serie de números de mayor a menor o saber la longitud de una circunferencia. Apenas el 32% supo clasificar los animales, solo un 7% completó la tabla y un 33,21 % pudo ordenar los números.

Esta noticia ha suscitado dos tipos de reacciones: la de los sulfurados, a quienes esto les parece tan escandaloso como para mandar a todo el país a la mierda, y yo me pregunto si habrá tanta mierda para consolar a todo el país, y la de los cómicos. Los sindicatos, que han acusado a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de utilizar este informe como “arma arrojadiza”, lideran el último grupo. No seré yo quien niegue a Isabel Galvín, responsable de Educación en CCOO de Madrid, la posibilidad de creer que un informe puede ser un arma, cuando aquí dijimos en un arrebato metafórico que el armamento de un comisario eran sus políticas, pero los sindicatos han perdido la perspectiva porque al no encontrarle la gracia al asunto han convertido sus reacciones en una broma sin gracia.

Dice Antonio Martínez, Presidente de CSI-F Enseñanza Madrid, que como los datos no han sido presentados en la Mesa Sectorial de Educación no son fehacientes e infiere que las oposiciones estuvieron llenas de irregularidades porque se han presentado muchas impugnaciones. Presumo que debido a la dificultad del examen. No obstante, la mejor parte se encuentra en el punto cinco del comunicado:

  Sospechamos además, que la propuesta de cambio de criterios en la ordenación de la lista de interinos encubre una masiva contratación por vía extraordinaria y discrecional cuyo alcance desconocemos, pero suponemos.

Sí señor, a eso le llamo yo pisar fuerte: sospechar que desconocemos, pero suponemos. Por su parte, Francisco Melcón, de ANPE Madrid, cree que el docente, como cualquier titulado, puede olvidar el recorrido de un río. Lo puedo olvidar yo, Paco, que por eso tengo que pagar para trabajar, pero no un profesor de primaria; o no, al menos, en el día del examen de la oposición. Pero no quiero dar la impresión equivocada: la reacción de algunos sindicatos no es lo relevante, aunque sea significativa. Yo mismo tuve que mirar el mapa para comprobar algunas de las provincias por las que pasan los ríos Duero, Ebro y Guadalquivir y no me consuela que solo lo supieran un 1,83% de los opositores que se presentaron. Hay algo inquietante en asumir como normal lo que debería ser excepcional.

Algunos han interpretado esto como un estrago más de la burbuja que reventó nuestro sentido de la contención y despertó en nosotros el ansia del despilfarro. Pero se equivocan. No estamos ante la falsa disyuntiva a la que nos enfrentaron aquellos años: dejar de estudiar para trabajar, o estudiar para trabajar más tarde. Aquella disyuntiva fue falsa porque la opción no fue el trabajo, sino la quema indiscriminada de billetes que hoy intentamos recomponer a partir de la ceniza que quedó. Estos hombres y mujeres no renunciaron al estudio, sino que ¡han pasado por la Universidad!, ¡¡para ser maestros!! y ¡¡¡para toda la vida si aprobaban la oposición!!!.

Es probable que los libros no lo enseñen todo, pero se empezó proclamando el derecho a la pereza y se ha acabado con una pereza mental que ya no da ni para levantarse a por el diccionario. Si del porcentaje de suspendidos uno descuenta a los despistados que pasaban ese día por Madrid, a los que se presentaron por si sonaba la flauta y a quienes realmente no entendían el enunciado de las preguntas, aún queda un porcentaje considerable. Por ello, antes de abordar la hipótesis de la ignorancia, no puede descartarse la hipótesis de la venganza. Es decir, que parte de los opositores decidieran presentarse al examen por despecho contra sus antiguos profesores, muchos de los cuales también han reclamado durante años su cuota proporcional de estupidez e ignorancia, con la gran excepción de algunos profesores excepcionales. De esta forma, los antiguos alumnos habrían decidido expiar su ignorancia con el ridículo. La Consejería filtró los datos -algo que no se le ha podido ocurrir a ningún político sin ayuda- y estos confirmaron lo que vienen sospechando todas las evaluaciones independientes desde hace años: que la educación en este país es una tragicomedia.

Esta tragicomedia nos enfrenta a realidades incómodas, entre las cuales la situación de las universidades españolas es con probabilidad la más deprimente. Hace años Cohen, March y Olsen (1972) definieron las universidades como anarquías organizadas que se comportaban como ‘papeleras’ o ‘cubos de basura’ en tanto que se ven obligadas a operar en un contexto mudable, fluido o ambiguo en el que problemas, soluciones, decisores y oportunidades de decisión se suceden a intervalos ingobernables. El modelo del cubo de basura (garbage can) se planteó como una forma de explicar la toma de decisiones en organizaciones complejas, pero a la vista de los acontecimientos hoy podríamos decir que el modelo concebido para explicar el proceso bien podría dar cuenta de los resultados. El problema de las universidades no es que sus titulados sean incapaces de aprobar un examen pensado para alumnos de sexto de primaria, sino que durante años han adoptado decisiones perfectamente legales y, al mismo tiempo, perfectamente disfuncionales. Esto es, decisiones que han ayudado a un 86% de aspirantes a una plaza docente en Madrid a no pasar la prueba de conocimientos y, por ende, a subvencionar un supuesto derecho a la estupidez.

Esta decadencia de conocimientos y de aptitudes se ha producido de forma inversamente proporcional al auge del número de universidades en nuestro país, lo que indica que al menos en este ámbito el tamaño no importa. En perspectiva, si tomamos como punto de partida los años 60, pasamos de tener 13 universidades públicas en 1967 a 24 en 1975. Si entre públicas y privadas ya habían 35 universidades en 1985, en 2008 alcanzamos las 77, con 165 campus presenciales y un millón y medio de estudiantes (1.390.000 en grados, 33.000 en másteres y 77.000 en doctorados)**, una cifra muy similar a la de Alemania o Francia, países con una población mayor que la española (81.800.000 y 65.800.000 respectivamente). Estas cifras no lo dicen todo, pues la calidad de una universidad no se mide solo por el número de estudiantes que acoge y los beneficios que la expansión del sistema universitario ha tenido en la población y en la economía española no están reflejados en estos números. Pero, así y todo, créanme si les digo que en términos generales la universidad española ha sido un fraude que ya estamos pagando, por mucho que a algunos les cueste entenderlo.

Se le ha atribuido a Albert Einstein la frase de que sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana y no estaba tan seguro de la primera. Yo no creo que la estupidez sea infinita y tengo serias dudas de poder entender algún día el funcionamiento del universo. Pero no es necesario aspirar a tanto. Basta con reconocer que, en medio de la mayor crisis económica de su historia reciente, España no puede permitirse este derecho. Por mucho que nos atraiga, el derecho a la ignorancia solo podría aceptarse con una condición: la obligación de publicar todas las respuestas a cada pregunta. Este es un conocimiento del que, por derecho, no nos pueden privar.

UPDATE. La prueba de conocimientos puede consultarse aquí.

* Michael D. Cohen, James G. March and Johan P. Olsen (1972), ‘A Garbage Can Model of Organizational Choice’, Administrative Science Quarterly, Vol. 17, No. 1 (1972), pp.1-25.

** Los datos pueden encontrarse en Dolado, J. (2010), Disfunciones en el sistema universitario español: diagnóstico y propuestas de reforma. En: Peña, D. (ed.) (2010), Propuestas para la reforma de la Universidad española. Madrid: Fundación Alternativas, pp. 13-26.

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