Y después de Guantánamo, ¿qué?

File photograph shows military police bringing a detainee to an interrogation room for questioning at the Naval Base at Guantanamo Bay -SIN127_SECURITY_GUANTANAMO_.JPG-

It is more difficult than I think a lot of people realize’ to balance a detention system that adheres to the rule of law without ‘releasing people intent on blowing us up’.

Barack Obama, Entrevista en la cadena ABC (2009)

Guantánamo ha vuelto a las portadas de los principales diarios, pero hay algo que no ha cambiado desde hace décadas. Cada año el Tesoro estadounidense envía un cheque de 4.085 dólares al Gobierno cubano por el arrendamiento del terreno que ocupa la prisión de Guantánamo. Y cada año el Gobierno de Cuba se niega a cobrar el cheque. Desde que Estados Unidos lograra en 1934 el arrendamiento a perpetuidad, la base naval de Guantánamo se ha convertido en una suerte de agujero negro legal. Ni la revolución que en 1959 llevó a Fidel Castro al poder cambió los hechos en lo fundamental. Estados Unidos paga y Castro rechaza el pago para denunciar la ocupación, pero hasta ahora el comandante cubano solo ha logrado cortarle el suministro de agua a la base y rodearla con campos de cactus.

Hoy la soberanía y jurisdicción de este territorio se sitúan en un limbo legal y moral en el que residen 166 prisioneros, 100 de los cuales se han declarado recientemente en huelga de hambre (el protocolo a seguir en Guantánamo para este tipo de presos puede consultarse aquí). En el momento de máxima ocupación, la prisión de Guantánamo albergó a 779 detenidos. 604 prisioneros han sido transferidos ya a alrededor de 52 países y 9 han muerto mientras estaban custodiados [The New York Times alberga probablemente la mejor base de datos actualizada sobre la situación de los prisioneros en Guantánamo].

Sin embargo, el presente de Guantánamo es de sobra conocido. La pregunta crucial ahora tiene que ver con el futuro de la prisión, si finalmente Barack Obama cumple con su promesa de cerrar el centro de detención y si el Congreso de Estados Unidos lo permite. Más importante todavía es saber qué decisión se adoptará respecto a la situación de los que aún se encuentran detenidos. Las opciones son tres, aunque en la práctica se reducen a dos: que sean juzgados por un tribunal federal o por una comisión militar, ya que la alternativa de acudir a una corte internacional de justicia está descartada.

Obama tiene ante sí una decisión muy difícil. Si al final los prisioneros son juzgados por Comisiones militares, Estados Unidos deberá hacer frente a un sinfín de dudas y reclamaciones legales y, en particular, deberá asumir una decisión con consecuencias sin precedentes para su sistema jurídico-legal y para su credibilidad internacional, como señaló en su día Kenneth Roth, Director ejecutivo de Human Rights Watch, en Foreign Affairs.

Si, por el contrario, se opta por juzgar a los detenidos en un tribunal federal, los riesgos tampoco son menores, pero no hay sistema perfecto. A favor de esta opción puede decirse, entre otras muchas cosas, que es un sistema consolidado con un buen historial de procedimientos y precedentes exitosos. Por ejemplo, los juicios relacionados con el atentado en 1993 contra el World Trade Center y con los ataques contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Dar-es-Salaam en 1998. A su vez, el sistema de justicia criminal ofrece las herramientas para garantizar la imparcialidad del juicio.

Sin embargo, los riesgos son evidentes. Por un lado, la seguridad de los procedimientos y las audiencias públicas constituye una gran preocupación. Por otro, hay dudas con relación al uso de jurados populares y a la forma de salvaguardar su independencia y seguridad. Pero, entre todos los riesgos, destaca uno: la dificultad de trasladar al procedimiento de justicia federal información de inteligencia que pueda convertirse en evidencia admisible en los tribunales. Sobre todo, si esa evidencia ha sido obtenida bajo tortura.

No hay que olvidar que Guantánamo representa también las “rendiciones extraordinarias” de sospechosos de terrorismo, técnicas de interrogación que incluyen el waterboarding, detenciones indefinidas, la suspensión del habeas corpus para los prisioneros y el uso de la acusación de “enemigos combatientes” para los individuos arrestados en equivalencia a la acusación de “prisioneros de guerra”, lo que permite al gobierno mantenerlos en custodia hasta el cese de las hostilidades (¿pero dónde y cuándo acaba la guerra contra el terrorismo?).

Hasta que se decida el futuro de Guantánamo, las cortes estadounidenses tendrán que definir las reglas de detención militar. Pero durante ese interludio están en juego el equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades civiles (o la primacía de la primera sobre las segundas), los derechos de los prisioneros, el alcance de la jurisdicción legal estadounidense, el lugar del derecho internacional en la aplicación de la justicia y cuestiones básicas de soberanía nacional (en Cuba, en Estados Unidos y allí donde se han hecho prisioneros).

Hay algo más fundamental y específico en juego. Es probable que entre los detenidos se encuentren inocentes, como ya se ha demostrado. Es muy probable también que, entre esos mismos detenidos, existan muchas personas que han colaborado y perpetrado crímenes infames, y fanáticos cuya única misión sea efectivamente atentar contra Estados Unidos. Es probable, en fin, que en las actuales circunstancias existan individuos muy peligrosos (y tal vez culpables) que Estados Unidos nunca podrá condenar por la forma en que se obtuvo la evidencia contra ellos. Y, para que quede claro, no creo que exista una equivalencia moral entre las dos partes. Y, para que no se olvide, este es el desafío crucial que enfrenta cualquier democracia: garantizar que incluso la persona más abyecta, reciba un juicio justo y tenga garantizados sus derechos y libertades hasta la celebración del juicio.

Por ello, el dilema fundamental de Obama y de quienes deben decidir sobre el futuro de Guantánamo es el que apuntó la profesora Diane Amann. Esto es, la decisión de aceptar las consecuencias de una tradición legal de dos siglos, o cambiarla para siempre debido a unos pocos individuos. Añadiría uno más. Incluso en el caso de que este dilema fuera resuelto, aún quedaría sin respuesta la cuestión de quiénes serán responsabilizados por la creación de Guantánamo en un primer momento y por su mantenimiento durante tantos años después. Sabemos, por desgracia, que la respuesta a esa pregunta implica una carga que nadie quiere soportar.

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